Impedimento para ejercer un cargo público: lo que debes saber.

Existen ciertas prohibiciones que pueden impedir que una persona trabaje en el sector público, de manera temporal o definitiva. 

En este artículo le explicamos de manera clara qué tipos de impedimentos o prohibiciones existen, cómo se aplican, cómo levantarlos y qué hacer si enfrenta una prohibición que considera injusta.

¿Qué es un impedimento para ejercer un cargo público?

Se trata de una restricción establecida por la ley o por actos administrativos que impide a una persona ocupar un puesto en el sector público. Estas restricciones pueden surgir por distintas razones: sanciones judiciales, destituciones administrativas o deudas pendientes con el Estado.

¿Cuáles son los tipos de impedimentos?

Existen varias situaciones que generan esta restricción:

1. Inhabilitaciones judiciales

Son sanciones accesorias impuestas por un juez como parte de una sentencia penal condenatoria. Por ejemplo, si alguien es condenado por un delito de peculado o enriquecimiento ilícito, puede perder su derecho a ocupar cargos públicos durante un tiempo determinado.

2. Sanciones administrativas

Pueden surgir de los procesos de control de la Contraloría General del Estado. Lo más común es la destitución por responsabilidad administrativa culposa.

Importante: la sanción solo es válida y aplicable si la resolución es firme, es decir, cuando ya no es posible impugnarla en ninguna vía. Aun así, en la práctica, hemos visto que la Contraloría solicita al Ministerio del Trabajo que impida a alguien acceder a cargos públicos incluso cuando la resolución aún no es firme. Esto constituye un exceso y una vulneración de derechos.

Además, la destitución no aplica de manera generalizada a todos los cargos públicos. La prohibición afecta únicamente al puesto en el que se produjo la sanción. Después de dos años, la persona puede reingresar al sector público, aunque no en la misma institución. 

3. Mora con el Estado

Estar en mora significa tener deudas pendientes con el Estado, por ejemplo, por no pagar una multa o no devolver valores determinados en una glosa u orden de reintegro. 

Pero las deudas con el Estado no generan automáticamente un impedimento para ejercer cargo público: para que exista mora deben cumplirse ciertos pasos. Primero, la Contraloría debe emitir un título de crédito y, a continuación, una orden de pago dentro de un proceso coactivo. Solo entonces se considera que la persona está en mora y puede aplicarse la prohibición.

4. Causas de rehabilitación

Existen también situaciones especiales como la supresión de puesto, compra de renuncia con indemnización, retiro voluntario y otras figuras similares. En estos casos, la persona debe devolver los valores recibidos, menos lo devengado, si quiere volver a trabajar en el sector público. Hasta que no lo haga, se mantiene el impedimento por un máximo de 5 años.

¿Cómo se pueden levantar los impedimentos?

Depende del origen de la restricción:

• Inhabilitaciones judiciales: se extinguen una vez cumplida la pena establecida en la sentencia.
• Sanciones administrativas: dejan de tener efecto después de dos años, aunque la persona no podrá reingresar a la institución de la que fue destituida.
• Mora con el Estado: se levanta pagando las multas o devolviendo los valores señalados en el título de crédito u orden de pago.
• Causas de rehabilitación: se requiere devolver el monto recibido por indemnización o compensación económica.

Riesgos de abuso de los impedimentos

El gran problema en la práctica es que, en ocasiones, la administración pública aplica estas prohibiciones sin cumplir los requisitos legales. Por ejemplo:

• Bloquear el acceso a cargos públicos antes de que la resolución de la Contraloría General del Estado esté firme. 
• O, considerar a una persona en mora sin que exista título de crédito ni orden de pago.

Este tipo de acciones son ilegales e inconstitucionales, vulneran derechos como la defensa y la seguridad jurídica. Además, perjudican no solo a las personas que quieren acceder a un cargo público, sino también a aquellas que ya se encuentran en ejercicio de un cargo. 

En muchos casos, los afectados deben acudir a instancias judiciales para revertir estas decisiones arbitrarias.

Lo que debe tener en cuenta

• No todas las sanciones generan automáticamente un impedimento.
• Para que una prohibición sea válida, la resolución debe estar firme.
• Una destitución no inhabilita de por vida: la persona puede reingresar al sector público luego de dos años, aunque no en la misma institución.
• Estar en mora con el Estado requiere un proceso formal con título de crédito y orden de pago, no basta con una resolución administrativa de sanción.

Conclusión

Los impedimentos para ejercer un cargo público, mal aplicados, son un mecanismo de exclusión y abuso que afecta tanto a los servidores como al propio sistema público.

Si enfrenta un impedimento injusto, no está indefenso. Con asesoría legal especializada puede identificar si el impedimento es válido, impugnar resoluciones indebidas y recuperar su derecho a trabajar en el sector público.